¿Acaso no quiere Ud. saber?
Una de las principales obligaciones que tienen los políticos para con los ciudadanos es rendir cuentas y otorgar información transparente; así funciona cualquier sistema político sano. De esta manera, el principio mediante el cual deben informar correctamente sobre sus actos y decisiones se manifiesta bajo distintas formas: a través del premio o la sanción en la siguiente elección – la forma más débil – o también bajo la posibilidad de revocar a la autoridad en el ejercicio de su cargo – como la sanción más fuerte –, entre otras.
En nuestro sistema político se prohíbe la revocación del cargo para el alcalde, concejal, diputado, senador o Presidente, como se permite en Venezuela o Ecuador, por ejemplo, además de establecer mecanismos de control muy débiles sobre nuestras autoridades.
Ahora bien, como efecto de la condena internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile – logrado por el movimiento ambientalista por el “caso Trillium” – se reformó nuestra Constitución Política y se incluyó un nuevo artículo, el 8vo, que establece el derecho al acceso de la información pública y el deber de probidad de los empleados fiscales. Como buena noticia para nosotros, además de incluirse este artículo se dictó una ley que obliga a las instituciones públicas a informar sobre diversas materias que antes permanecían mudas: hoy podemos saber cuánto gana una autoridad o funcionario público o también podemos obtener información sobre las personas a las que contratan; sin embargo, también podemos exigir información acerca de sus decisiones y de los antecedentes para que éstas sean tomadas.
Con la promulgación de la Ley N° 20.285, a los ciudadanos se nos entrega el derecho a que se nos explique por qué se nos niega algún beneficio, por qué aún están pendientes obras de la reconstrucción, por qué nos negaron algún permiso o incluso por qué no nos dieron la licencia de conducir. Esta información se obtiene con sólo llenar un formulario en la OIRS o inclusive por internet. ¡Es sólo su decisión! ¡Úsela!
Nosotros comenzamos a hacer uso de este derecho y le pedimos a las autoridades municipales que nos rindan cuenta de todas las licitaciones públicas millonarias que se han adjudicado, además de exigirles que digan cuánto fue el dinero que le pagaron al operador político – actual Secretario General de Renovación Nacional – Mario Desbordes. ¡Ud. también puede hacerlo! ¡Ud. tiene el derecho de hacerlo!
Estamos lejos aún de Ecuador, donde su Constitución establece una Contraloría Ciudadana, en la que las organizaciones sociales del país piden cuanta a las autoridades políticas e intervienen en su nombramiento, pero hoy tenemos acceso a la información… si hacemos uso de nuestro derecho lo más probable es que veamos temblar a estos poderosos y seamos nosotros quienes sigamos tranquilos pues no tenemos nada que esconder.
Esteban Bravo
CNST
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